Los procesos de reforma constitucional rara vez ofrecen oportunidades para reflexionar colectivamente sobre el papel de la ciencia y su relación con la crisis ecológica. El proceso constituyente chileno (2021–2022) fue una excepción: permitió validar de manera explícita el consenso respecto del estado de emergencia climática y ecológica, e instaló este tema como eje central del debate constitucional.
La Convención Constitucional también mandató discutir de forma amplia el lugar de las ciencias y su vínculo con diversos sistemas de conocimiento, acciones locales y desafíos socioambientales. Su carácter participativo e inclusivo abrió la puerta para que actores históricamente excluidos —científicos, activistas, expertos independientes, comunidades y colectivos— expresaran y confrontaran sus visiones.
Este caso resulta clave para comprender cómo distintos actores respondieron a preguntas fundamentales: ¿cómo debería ser una ciencia para la democracia? ¿Qué valores deberían guiarla? ¿Promovieron los participantes una ciencia más participativa, inclusiva y socialmente responsable? ¿Cuáles fueron los elementos centrales de las propuestas que emergieron?